Prohíben a universidades cobro de matrículas por segundas carreras

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió una sentencia donde se establece que ninguna universidad pública podrá exigir el pago de la matrícula a los estudiantes profesionales o cursantes de segundas carreras, así como tampoco otros pagos para su permanencia o ingreso en estas casas de estudio.

La medida tiene su origen en una acción de amparo interpuesta el pasado 10 de septiembre de 2010 por un grupo de estudiantes de segundas carreras (Derecho y Estudios Internacionales) de la Universidad Central de Venezuela

(UCV).

Los estudiantes consideraron vulnerados sus derechos a la igualdad y a la educación gratuita hasta el pregrado universitario, al establecerse el cobro de matrícula para ingresar nuevamente a la universidad y obtener un segundo título universitario.

La Sala Constitucional del Tribunal declaró con lugar el amparo, luego de la realización de la audiencia constitucional en la cual los estudiantes fueron asistidos jurídicamente por representantes de la Defensoría del Pueblo, organismo que decidió que el cobro de la denominada matrícula para los estudiantes con segundas carreras constituye una vulneración al principio de gratuidad de la educación en las instituciones oficiales.

Una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo refiere que al establecerse una obligación económica como excepción para los denominados estudiantes profesionales, por el sólo hecho de haber cursado una carrera universitaria, se incurre una distinción no prevista en la norma, todo lo cual afecta los derechos constitucionales consagrados en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En su decisión, la Sala Constitucional también consideró que la UCV impide el derecho a la participación política de los estudiantes profesionales en los procesos electorales realizados a esta casa de estudios.

“Al ser excluidos de los procesos de participación política, en tanto sujetos activos y pasivos, se les impide el ejercicio de sus

derechos fundamentales frente a los estudiantes regulares, lo cual está vedado tanto a la Universidad Central de Venezuela como a otras universidades”, agrega el texto.