Hasta hoy el único gobernante norteamericano juramentado fuera del
país fue William R. King, vicepresidente del 13er. presidente Franklin
Pierce, quien en 1853 enfermó de tuberculosis, viajó a Cuba para tratar
de restablecerse y no estuvo presente en la toma de posesión en
Washington. Una dispensa del Congreso le permitió jurar el cargo en La
Habana.
Cuando el 2 de agosto de 1923 el presidente Warren Harding falleció
repentinamente, su vicepresidente, Calvin Coolidge, se encontraba en una
apartada zona rural de Vermont, por lo cual asumió la presidencia un
día después. El juramento fue tomado por su padre. 110 años después, en
noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson tomó posesión a bordo del Air Force
One.
A pesar de tan rotundos precedentes, las complicaciones post
operatorias que presumiblemente impedirán, al reelecto presidente Hugo
Chávez, estar en Caracas para la toma de posesión ante la Asamblea
Nacional, el próximo 10 de enero, son dramatizadas y manipuladas para
utilizar un hecho conocido y legalmente incuestionable como pretexto
para inducir a un “golpe de estado clínico”.
Ante litigios constitucionales, las autoridades legislativas,
ejecutivas y judiciales, incluido el presidente cuya opinión debe ser
tomada en cuenta, están obligadas a procurar que se actúe conforme a
derecho y que se cumpla la ley y, en este caso, la voluntad popular
formalmente expresada y registrada. En la presente coyuntura venezolana,
se trata de encontrar las fórmulas para facilitar que el mandatario
electo tome posesión de su cargo, no para impedir que lo haga.
Los hechos, expuestos con buena fe y total transparencia, no dejan
lugar a dudas: se trata de un presidente que en posesión del cargo para
el cual fue reelecto, vivo, mentalmente apto y en uso de sus derechos,
entre ellos a que se aplique la Constitución que al respecto no puede
ser más clara.
En su artículo 231, sin ningún género de dudas ni margen a
interpretaciones diversas, la Constitución venezolana establece que: “El
candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de
Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año
de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea
Nacional…”.
A renglón seguido el texto pauta una alternativa. “Si por cualquier
motivo sobrevenido (que es el caso) el Presidente o Presidenta de la
República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará
ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Para el segundo ítem, precisamente por tratarse de motivos
“sobrevenidos”, es decir “repentinos o imprevistos” y debido a que es
imposible legislar sobre lo ignoto, el texto no establece lugar, fecha
ni plazos, cosas que conscientemente los constituyentes dejaron al
arbitrio de las autoridades concernidas que son: la Asamblea Nacional,
el Tribunal Supremo y el Presidente quienes, de mutuo acuerdo, deben
aplicar la norma. En este caso, lo coherente con la sustancia de la ley y
lo jurídicamente significativo es que el presidente tome posesión ante
las autoridades mandatadas. El modo y el momento son secundarios.
Actuando de buena fe y para consumar la voluntad popular y
constitucional de que el presidente electo tome posesión, pueden tomarse
varias providencias: (1) la presidencia de la Asamblea Nacional viaja a
La Habana o el Tribunal Supremo se desplace y tome juramento al
presidente en Cuba.
En Estados Unidos, verdadera patria del constitucionalismo liberal,
nueve de sus 44 presidentes han tomado posesión de modo irregular.
Cuatro de ellos lo hicieron porque el presidente murió de muerte natural
en el desempeño del cargo. Otros cuatros debido a magnicidios y uno,
Gerald Ford, por la renuncia de Richard Nixon.
Como datos curiosos pueden anotar que: al jurar la presidencia, por
ser agnóstico, John Quincy Adams lo hizo sobre un libro de leyes, el
católico Lyndon Johnson sobre un misal y Franklin Pierce utilizó la
palabra “afirmo” en lugar de “juro”. Al renunciar, Richard Nixon planteó
un problema inédito, pues se trataba de un hecho sin precedentes
respecto a lo cual en la Constitución no hay una sola palabra. Cuentan
que consultado al respecto, el presidente del Tribunal Supremo comentó:
“Con hacer constar su decisión parece suficiente”
En la presente coyuntura, lo legal, ético y moralmente correcto es
facilitar la toma de posesión de Chávez. La vida y la Providencia dirán
si hubiera que invocar otros preceptos.